¿Más lúcidos y menos ciegos?

Compañero del alma, tan temprano,...

Lo que se esconde detrás del Mundial.

A escasas horas de que empiece a rodar el balón en Sudáfrica, y de que nos adormezcan aún más, conviene saber algunas cosas.

Esta entrada ha sido fusilada de 'Otro mundo es posible'. Gracias, de nuevo, Abraham.



El Jabulani explotador

Les presento a Jabulani: el balón oficial del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Una bola que ha levantado las criticas, recogidas en toda la prensa mundial, entre el colectivo de guardametas que acuden a esta cita y que está apunto de abrir el telón, para regocijo de millones de personas en todo el mundo.

Jabulani, cuyo significado en el idioma más hablado en aquellas latitudes -el zulú- es “celebrar”, tiene otra realidad bien distinta, de la que poco se habla y de la que nada hay que elogiar.

Según he podido leer, la Alianza Juega Limpio ha solicitado a la FIFA que responda al informe Missed the Goal for Workers: the Reality of Soccer Ball Stitchers que ha publicado la International Labor Rights Forum (ILRF) de EEUU.

El informe revelador, señala la explotación a la que se somete a los trabajadores y a las trabajadoras que se dedican a coser los balones de fútbol en Pakistán, India, China y Tailandia. Dicho en román paladino: jornadas de sol a sol por apenas 0,30 céntimos de dolar por bola, con el agravante de que “el trabajo infantil continúa existiendo en la industria paquistaní, además de darse también en India y China”.

¿Por qué se sustenta sobre la base de la explotación, un negocio que mueve más de 7.000 millones de dólares?.

Tarjeta roja y expulsión.

Se creen que somos tontos.

El Ministerio de Sanidad y ¿Política Social' también ha decidido contestarme en relación al 'sabotaje político' de la Ley de la Dependencia en la Comunidad de Madrid. La única conclusión a la que su puede llegar después de leer su escrito es que se creen que los ciudadanos somos tontos.

Para constatar una vez que el color político de una administración no determina su comportamiento: la respuesta del Ministerio también es 'tecnica'. En este caso de la Subdirección Adjunta de Valoración, Calidad Y Evaluación del IMSERSO. El nombre lo dice todo. Me ha recordado aquello de 'adjunto, sirena y puerta,...'.

Puerta debería darse a tanto asesor, gabinete, personal de confianza y demás chupópteros que han inundado las administraciones pública... con eso si que ahorraríamos dinero, mucho dinero.


INFORME TÉCNICO RELATIVO AL ESCRITO DE...

La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía y Atención a la dependencia, establece en su artículo 1 que su objeto es la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos.

En su artículo 11 establece que corresponde a las Comunidades Autónomas la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

Asimismo, es competencia de las Comunidades Autónomas el reconocimiento del grado y nivel de dependencia, la determinación de las prestaciones que corresponden a las personas beneficiarias y la provisión y gestión de dichas prestaciones.

Por tanto, cualquier incidencia o queja en relación al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema ha de ponerse en conocimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente, en este caso la Comunidad de Madrid, al ser la única Administración competente para adoptar las medidas oportunas.

No obstante, durante el presente año se está llevando a cabo la evaluación de los resultados de la Ley, tal y como prevé la misma en el apartado 3 de su disposición final primera. Dicha evaluación permitirá, a la luz de sus conclusiones, la adopción de las medidas más adecuadas para contribuir a su mejora.

Cabalgamos de nuevo...

Lo primero disculparme y explicar el motivo de este largo silencio: he tenido que dedicarme a la preparación de un examen que tenía el 4 de Junio. Gracias al esfuerzo, el resultado ha sido satisfactorio y encaramos el futuro con renovados ánimos. Gracias Lali, Paco y Albert, sin vuestro apoyo y paciencia, no hubiera sido posible.

Para reiniciar la publicación había multitud de asuntos, pues 15 días dan para mucho: desde la crisis y sus consecuencias, hasta el asesino asalto de la flotilla de Gaza,... pero he preferido hacerlo retomando el asunto del sabotaje político que la aplicación de la Ley de la Dependencia sufre en la Comunidad de Madrid.

Recordaréis que hace unas fechas envié un escrito al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Sanidad y Politica Social y a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. El Gobierno Central no se ha dignado a contestarme todavía, pero si que he recibido la respuesta de la Comunidad de Madrid que a continuación transcribo.

Ya os advierto que la indignación avanza a cada línea de lectura de la misma. Dos aspectos a destacar:

• La firma es de un 'asesor técnico', para evitar que la tenga que firmar un cargo político, Directora General o Consejera, con lo cual se pretende dar la imagen de que es una 'cuestión técnica' y no política.
• Deja sin contestar, como era de esperar, la pregunta principal: ¿por qué no se han puesto los medios humanos y técnicos necesarios para el desarrollo y aplicación de la Ley de la Dependencia desde el día en que la misma entró en vigor?

Si la actitud de la Comunidad de Madrid es vergonzosa, no deja de ser menos vergonzante la actitud del Gobierno Central que lejos de instar al cumplimiento de la Ley, premia a las CC.AA. que la incumplen haciendo desaparecer la retroactividad del pago de las prestaciones económicas, para recortar el gasto público a costa de las familias que atienden a las personas dependientes.


A su atenta consideración:

En la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid nos preocupa sinceramente el poder ofrecer una atención adecuada al ciudadano. De manera singular en el ámbito de la atención social,razón por la cual estimamos de enorme utilidad la queja que nos ha hecho llegar. De conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley 1/1983,de 13 de diciembre,de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,así como en el artículo 9 del Decreto 21/2002,de 24enero,por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid,le informo de que, s.e.ú.o,sus solicitudes de declaración de situación legal de dependencia se está tramitando en la Dirección General de Coordinación de la Dependencia para el otorgamiento,en su caso,de Grado y Nivel de dependencia;correspondiendo efectuar, como siguiente trámite, el señalamiento de fecha para realizar la preceptiva valoración.

Le pido disculpas por las posibles deficiencias en nuestro servicio de citación para valoración. Se han producido algunos retrasos puntuales como consecuencia de la reorganización administrativa y del número de solicitudes recibidas inicialmente. Es un procedimiento nuevo y con un fuerte volumen de solicitudes, pero recientemente se han realizado nuevas contrataciones de personal , y se van a introducir novedades normativas que van a agilizar tanto los trámites de reconocimiento de grado y nivel como de asignación de los recursos del catálogo de servicios y prestaciones para la dependencia.

Atentamente,

Asesor Técnico de la Dirección General de la Dependencia.

Pan y circo

Nos nos chupamos el dedo, Señora Vicepresidenta

La Vicepresidenta Fernandez de la Vega quedó ayer retratada en su profundo desconocimiento de la función pública y su derecho a la negociación colectiva. Declaró que no se podían aplicar las medidas a los trabajadores del sector público pues ellos tienen Convenios que hay que respetar. ¿Y los Convenios de decenas de miles de empleados públicos que se van a incumplir con el recorte salarial aprobado?

No hablo de los acuerdos administración-sindicatos de Septiembre pasado, que también se van a incumplir, sino de Convenios firmados con el mismo valor legal que los de las empresa públicas. Todos sabemos porque no se va a tocar esos convenios: las huelgas en esos servicios públicos son más 'visibles' y afectan más a la vida cotidiana del ciudadano que en el resto, donde los servicios mínimos, convertirán en inexistente el derecho a huelga: sanidad, servicios sociales, protección y seguridad ciudadana,...

Por favor, Vicepresidenta: ¡no nos chupamos el dedo! Su falsa sonrisa en la foto la delata.

Edito 16.0.2010. Podéis hacerle llegar vuestra opinión a la Vicepresidenta.

Lo que no se dice de la crisis

Este es el título del artículo publicado ayer por Vicenç Navarro en 'Público'. De nuevo el profesor pone el 'dedo en la llaga' de las cosas que los políticos y los medios callan.

Artículos de Vicenç Navarro en esta bitácora.


Lo que no se dice de la crisis

Este artículo muestra el error de muchos supuestos que se reproducen en la sabiduría convencional sobre las causas de la crisis, entre los cuales, uno de amplia difusión, es que la crisis de los países mediterráneos e Irlanda se debe a su excesivo gasto público que debe reducirse. El artículo señala los datos que cuestionan tal supuesto, subrayando que las causas de sus problemas radican en sus enormes desigualdades y polarización de las rentas (que crean problemas de falta de demanda y que generan un profundo endeudamiento), así como el excesivo poder del capital financiero que tiene gran influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y El Banco Central Europeo.

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

'Fuerte con el débil, débil con el fuerte'

Se veía venir... y lo escribí hace unos días: "... lo que si estoy seguro, es que si hay acuerdo es a costa de los empleados públicos, de los pensionistas y del gasto social."

Los ciudadanos votamos cada cuatro años mientras que los mercados financieros lo hacen todos los días. Por tanto, son los mercados financieros los que reforman a los Gobiernos y no los Gobiernos los que reforman a los mercados financieros como anunciaron los 'líderes mundiales' en la cumbres del G-20.

Habrá que darle la 'vuelta a la tortilla': que los pobres coman pan y los ricos, mierda, mierda.

Yo acuso

Mis suegros son dependientes y residen en la Comunidad de Madrid. En Septiembre pasado se pidió para ellos el reconocimiento de su condición. Todavía esperamos a que sean valorados. Nos quedan meses de espera aún hasta que esto ser produzca y se nos asigne el recurso social público correspondiente.

Mientras tanto, siguiendo el consejo de médicos y trabajadores sociales, hemos tenido que inscribirlos en un Centro de Día privado, asumiendo la precaria economía familiar el coste del mismo. Dos días a la semana, aunque necesitarían ir de lunes a viernes. Este es el resultado del 'sabotaje' que está sufriendo la Ley de la Dependencia en la Comunidad de Madrid.

Yo acuso de esta situación a Dª. Esperanza Aguirre y a su Consejo de Gobierno. Les hago responsables de los perjuicios, que para la salud y la economía de mis suegros, se derivan de su incumplimiento de la Ley. También acuso de complicidad al Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero por consentir que se vulnere la Ley.

Edito (11.05.2010). Ayer envié este texto a Dª DesEsperanza, a ZP y a Trini. Si hay contestación ya os comento. Gracias por loS mensajes de apoyo.

Temor, rabia y... vuelta a la tortilla

Cuando faltan pocas horas para que se produzca la reunión entre Zapatero y Rajoy, los únicos sentimientos que albergo son temor y rabia.

No se si alcanzarán un acuerdo... lo que si estoy seguro, es que si hay acuerdo es a costa de los empleados públicos, de los pensionistas y del gasto social.

Suceda lo que suceda,... lo que estoy seguro es que los banqueros, los grandes empresarios, los especuladores, los corruptos y los defraudadores físcales seguirán felices y contentos llenando sus bolsillos.

Como decíamos ayer... hay que darle 'la vuelta a la tortilla',... aunque no lo quiera Dios.



No dejes de leer 'Los mercados castigan, merecidamente, a los ciudadanos', de nuestro amigo Paco Álvarez.

Humillando y saqueando al pueblo griego

Es un hecho histórico, que las leoninas reparaciones de guerra impuestas por las potencias ganadoras de la 1ª Guerra Mundial, crearon un sentimiento de humillación en el pueblo aleman que mucho incidieron en el auge del nazismo que llevó a la 2ª Guerra Mundial.

¿Son conscientes las 'prepotentes' potencias de la Unión Europea que la humillación que pretenden inflingir al pueblo griego puede abrir de nuevo la 'Caja de Pandora' en la vieja europa? No es suficiente con saquear las arcas públicas griegas con prestamos a altos tipos de interés: el Banco Central Europeo presta al 1%, para que los Gobiernos y entidades financieras cobren el 5% y más al Gobierno griego por ese dinero.

¡ Hay que humillarles para que sepan quien ha mandado, manda y mandará en la UE !

Los claveles tiñeron la madrugada cuando sonó esta canción

De aquellos polvos (Transición), estos lodos (Impunidad del Franquismo).

Reproduzco este artículo de Jaime Pastor que arroja luz sobre lo, que de nuevo, se quiere esconder bajo el 'caso Garzón'. El problema no es solo el juez Garzón y su procesamiento, sino la 'modélica' Transición a la democracia que se produjo en este país, que se fundamentó en la impunidad de los crímenes del franquismo refrendada por la Ley de Amnistía, asunto que muy pocos han cuestionado hasta ahora. El PSOE y el PCE, que la aceptaron y defendieron como símbolo de la 'reconciliación nacional', parecen haberse despertados de bruces de un 'sueño' de 35 años. No deja de sonrojar, ver a Felipe González y Santiago Carrillo, llevarse las manos a la cabeza por lo sucedido, queriendo tapar su responsabilidad de lo que sucede en estos momentos.

A propósito de la criminalización de la investigación sobre los crímenes del franquismo

El escándalo generado por el procesamiento al juez “superestrella” Garzón por su decisión de investigar las “desapariciones forzadas” bajo la dictadura franquista, dando así la razón a las acusaciones de “prevaricación” presentadas por sus herederos falangistas y similares, ha vuelto a sacar a la luz el debate sobre la transición política y , más concretamente, la significación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Un repaso de la misma y del contexto en el que se aprobó viene a recordarnos de nuevo el carácter antimodélico de una “reconciliación nacional” que equiparó a víctimas y verdugos del franquismo.

Esa Ley vino a consagrar en realidad el primer “consenso” de la transición, el del olvido y el perdón sobre el pasado de forma, además, completamente asimétrica e injusta: así, si bien por un lado gracias al artículo 1 a) quedaban amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, implicados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política de Suárez, entronizada así como el punto de partida del “cambio” de régimen), en el artículo 2 e) se consideraba comprendidos en la amnistía “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley” y en el 2 f) “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Se consagró de esta forma la eterna impunidad total de la dictadura y de sus crímenes a cambio de una amnistía parcial para quienes habían luchado contra el franquismo.

Porque es cierto que se consiguió que pudieran salir de la cárcel un buen número de presos y presas, incluso quienes habían cometido “delitos de sangre” antes de la fecha mencionada (pero ya no quienes los hubieran hecho entre la misma y el 15 de junio de 1977), que volvieran otras exiliadas o deportadas a terceros países y que se adoptara una amnistía laboral. Pero ni siquiera se logró la amnistía para los militares republicanos, los de la UMD y de las organizaciones antifranquistas de soldados que se habían extendido en los últimos años y tampoco se incluyó a las personas condenadas por adulterio, aborto, uso de anticonceptivos y homosexualidad. Han hecho falta más de 30 años, por cierto, para que se cerrara esa lista.

Fue, por tanto, una Ley de “punto final”, de olvido y perdón completamente injusta, ya que, equiparando a vencedores y vencidos de la guerra civil y a franquistas y antifranquistas, permitió la supervivencia de un aparato represivo que se ha ido reproduciendo hasta nuestros días y continúa especialmente presente en el poder judicial, como estamos comprobando y han corroborado buenos conocedores del medio, entre ellos Carlos Jiménez Villarejo. Trabajos recientes como los de Alfredo Grimaldos y Mariano Sánchez Soler han venido a rememorar también que los meses y años posteriores a esa Ley fueron todo menos “pacíficos”.

Lo peor es que, según recuerdan algunas crónicas posteriores, ese pacto había sido ya diseñado desde una reunión el 11 de enero de 1977 entre los principales representantes de la “oposición democrática antifranquista” y el propio Suárez¹. Antes, pues, de someter a prueba hasta qué punto se podía modificar la relación de fuerzas en unos meses que fueron decisivos, aquéllos mostraban ya su disposición a hacer tabla rasa del pasado y a renunciar a reivindicar justicia por los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Y, en efecto, pese a que los resultados de las elecciones de junio de 1977 fueron más lejos de las previsiones de los reformistas franquistas, y salvo excepciones como Francisco Letamendía en el Congreso y Lluis María Xirinachs en el Senado, todos los demás grupos mostraron su voluntad de alcanzar una “amnistía de todos y para todos”. En la proposición del grupo del PCE, por ejemplo, se postulaba la necesidad de “superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil”. Los nacionalistas del PNV y los pujolistas catalanes pidieron afrontar la nueva etapa “con olvido y superación de todo agravio pretérito”, fórmula recogida por el PSOE. Sólo el grupo de Alianza Popular mostraría reticencias que se irían suavizando hasta llevarle a no votar en contra de la Ley. Durante ese debate el PCE mostró, además, su protagonismo reivindicando su política de “reconciliación nacional” adoptada en 1956 y apostando abiertamente por el olvido y el perdón, llegando el entonces Secretario General de ese partido, Santiago Carrillo, a declarar en un mítin: “Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre” (El País, 2/10/1977).

En resumen, la Ley de Amnistía fue uno de los frutos más amargos de la transición –y de la política de “reconciliación nacional”- que, como hemos visto, sigue gozando de buena salud y todavía se utiliza para impedir que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles puedan juzgarse hoy. Convierte así a la transición española en “antimodélica”, como reconoce el conocido filósofo y cientista social Jon Elster en su investigación comparada: “El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional” (Rendición de cuentas, Buenos Aires, Katz, 2006, 80-81).

Jaime Pastor es profesor de Ciencias Políticas y militante de Izquierda Anticapitalista

Viernes 23 de Abril: Daniel Bensaïd in memoriam

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I Congreso de la Federación de Afectados Filatélicos (FAF)

El pasado sábado 17 de Abril se celebró en Bilbao el I Congreso de la Federación de Afectados Filatélicos con la asistencia de más de 200 representantes de las asociaciones que la componen. No hay palabras suficientes para agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado por los miembros de la Asociación de Afectados por Afinsa y Fórum Filatélico de Bizkaia. Eskerrik asko.

El Congreso se inició con un homenaje y recuerdo a los afectados fallecidos en estos casi 4 años. Después de la inauguración, intervino Javier Maqueda, Catedrático de Economía y Finanzas de la UPV que fue Senador del PNV entre marzo de 2004 y enero de 2008. Después lo hizo Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid. Para cerrar la sesión de la mañana intervino Francisco Álvarez, asesor financiero de prestigio internacional y divulgador de la cultura financiera en diversos medios de comunicación. Antes de irnos a comer se abrió un turno de preguntas para los tres ponentes.

Al medio día se llevó a cabo una acción de calle denominada 'Entierro del Estado de Derecho', donde se dió tierra a un féretro que contenía los restos del Barón de Monstesquieu, persona que acuñó el concepto y teorizó sobre la separación de poderes.

En la sesión de tarde participaron un panel de abogados de los Bufetes que representan a las distintas asociaciones de la FAF: Nuria García, Antonio Heredero, José Luis Santamarca, Carmelinda Pinto y Carmen Val. Una vez completadas sus exposiciones, se abrió un turno de preguntas. Para finalizar, se llevó a cabo la lectura de las conclusiones y la clausura del Congreso.

Las personas interesadas pueden acceder a los videos de las distintas intervenciones pinchando en los enlaces correspondientes.

Voy a acabar con la frase que los compañeros de Bizkaia usan para finalizar sus comunicados y sus acciones: "Si luchamos podemos perder, si no luchamos, ya hemos perdido".

Al cumplirse el cuarto aniversario de la intervención judicial de Afinsa y Fórum Filatélico, el sábado 8 de Mayo se celebrará una Manifestación Estatal entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de Colón. Ese día: ¡TODOS A MADRID!

La luz republicana no se apaga.

Absolución de Egunkaria: ¿ahora qué?

La Audiencia Nacional absuelve a los cinco directivos de 'Egunkaria'

¿El juez Juan del Olmo va a ser procesado? ¿Pagará de su dinero las indemnizaciones a las que habrá lugar? No se preocupen que seguirá ejerciendo y no pagará un duro de su bolsillo. ¡Qué vergüenza de Justicia!

¿Rectificarán los políticos y los tertulianos sus declaraciones de todos estos años? ¿Existió para los procesados la presunción de inocencia que se exige para los corruptos? ¡Qué vergüenza de políticos!

¿Qué explicarán a los lectores los medios que han atacado a Egunkaria? ¿Dónde mirarán los periodistas que han callado durante todos estos años? ¡Qué vergüenza de periodistas!

Supongo que los miembros de la Academia de las Artes, las Ciencias y de la Música que abuchearon a Fermín Muguruza en esta recogida de un premio estarán redactando sus cartas de disculpas.

¡ GRACIAS A LOS QUE TODOS ESTOS AÑOS DEFENDIERON SU INOCENCIA !

Sobran más palabras

Manel Fontdevila en 'Público'

Los servicios públicos en peligro.

Desde los años 90 viene utilizándose la limitación de la tasa de reposición de efectivos en las Administraciones Públicas por los distintos Gobiernos. Ello sirvió de excusa en un principio para la privatización de servicios públicos ante la imposibilidad de atenderlos por empleados públicos. Mientras se limitaba el capítulo de los Gastos de Personal en los Presupuestos Generales de las diversas Administraciones Públicas, no pasaba con otros capítulos del gastos público con los que se pagan los servicios prestados por empresas privada.

El Gobierno de ZP ha decidido incumplir el acuerdo firmado en Septiembre pasado con los sindicatos en el marco del diálogo social, que ya preveía una limitación de la tasa de reposición pero dejando fuera de ella a los servicios públicos esenciales. De cada 10 plazas que queden vacantes solo se cubrirá 1, con lo cual ni siquiera se podrán cubrir las vacantes necesarias para poner en marcha los nuevos servicios públicos pendientes de apertura. ¿Permanecerán cerrados los mismos o serán privatizados pues para eso no hay limitación presupuestaria?

Para conocer la situación real del empleo y los servicios públicos en España en comparación con nuestro entorno, en estos momentos en que la creación de empleo es la necesidad fundamental de nuestra sociedad, os dejo con este artículo publicado ayer en 'Público' por nuestro admirado Vicenç Navarro.

Crisis y empleo público.

Este artículo contrasta la respuesta del pensamiento liberal a la crisis (priorizando la reducción del déficit y de la deuda pública) con la que debiera promoverse (favoreciendo la creación de empleo, incluyendo empleo público) a fin de disminuir el desempleo y estimular el crecimiento económico. El artículo muestra datos empíricos que documentan el error de la primera respuesta (que se está promoviendo en la Unión Europea, incluyendo España) y que avalan la conveniencia de la segunda (desarrollada por la Administración Obama), señalando la necesidad de crear empleo público, y particularmente en los servicios del estado del bienestar, con el objetivo de acelerar la recuperación económica.

Existen hoy dos filosofías de cómo salir de la crisis. Una, dominante en los establishments políticos y mediáticos europeos, acentúa la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública. Es la alternativa liberal promovida sobre todo por la banca y por los partidos conservadores y liberales (y algunos socialdemócratas). La otra filosofía considera que el mayor problema existente es el desempleo y la prioridad en las intervenciones públicas debiera ser la de crear empleo, incluso empleo público, a fin de disminuir el desempleo, una de las causas de la falta de recuperación económica. La Administración Obama y el Congreso de EEUU han tomado varias medidas en este sentido. Una de ellas es la ley propuesta por la Administración Obama y aprobada en febrero del 2009 por el congreso (American Recovery and Reinvestment Act o ARRA) que tiene como objetivo la creación de empleo en aquel país, ley que ha sido complementada con otra, aprobada en Diciembre del 2009 por la Cámara Baja de EEUU (Jobs for Main Street) que expande el gasto público para, además de expandir la cobertura al seguro de desempleo, (a fin de alcanzar a mayor número de trabajadores en paro, hoy el 10% de la población activa) crear el máximo numero de puestos de trabajo en construcción de infraestructuras físicas (carreteras y transporte público) y en servicios públicos (tales como educación, servicios sociales y servicios sanitarios). Y ahora, la Administración Obama está preparando otra Ley que acentúe todavía más la creación de puestos de trabajo en el sector público. El objetivo de todas estas intervenciones es la creación masiva de empleo público. Existen además otras intervenciones en las que se estimula la creación de empleo en el sector privado y muy en especial en las industrias verdes de carácter ecológico y ahorradores de energías.

Todas estas políticas de creación de empleo público por parte del estado están adquiriendo un gran protagonismo en las políticas de resolución del elevado desempleo en EEUU. El criterio fundamental para guiar este esfuerzo es 1) que se creen el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y 2) que la creación de tales empleos beneficien el máximo número de personas posible. Todos los estudios realizados muestran que donde las inversiones alcanzan mejor estas condiciones son las inversiones en los servicios del estado de bienestar. Incluso el ministro de Economía y Hacienda (Secretary of the Treasure), el sr Timothy Geithner ha subrayado que “las inversiones en las aéreas sociales son las que ofrecen mayor ocupación por el mismo dinero”. Comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales, como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos, estos últimos son los que crean más empleo, y satisfacen a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas, crea 1.2 millones en los servicios del estado de bienestar. Las inversiones que crean 11 puestos de trabajo en infraestructuras físicas, y 17 en industrias verdes, crean 23 puestos de trabajo en sectores sociales. Es importante añadir además que las inversiones sociales crean, en general, ocupación entre los grupos más afectados por el desempleo, a la vez que proveen servicios que benefician a un número mayor de personas.

De especial importancia son los inversiones en escuela de infancia y en los servicios domiciliarios que facilitan la incorporación de la mujer el mercado de trabajo y aumentan a su vez su productividad (añadiendo 33.000 millones de dólares a la economía). Este tipo de inversión en creación de empleo es también especialmente importante pues aumenta el porcentaje de la población adulta que trabaja, un elemento clave para la recuperación económica. El Ministerio de Trabajo de EEUU ha indicado que los dos sectores de la economía donde crecerá mas el empleo es precisamente en las escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, siendo estos sectores donde el gobierno federal está insistiendo más en los programas de creación del empleo público.

Estos datos son especialmente relevante para España donde se está siguiendo una política errónea de reducción del empleo público y de gasto público, desaprovechando la oportunidad creada por la crisis de corregir el enorme déficit de empleo público en los servicios del estado del bienestar. España es el país de la UE.15 con el número más bajo de empleo público (6.5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a 14 en Suecia, 10 en Francia, 17 en Dinamarca y 12 en Finlandia, todos ellos países de gran eficiencia y competencia económica). La creación de empleo público en España reduciría el desempleo y facilitaría la recuperación económica.

Tal creación de empleo público debería financiarse a base de aumentar los impuestos de los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficios bancarios y empresariales y de las rentas superiores, permitiendo además una menor reducción del déficit fiscal. Incluso el gobierno de la Tercer Via del Sr. Brown en Gran Bretaña (que tiene un déficit de 13% del PIB, mayor que el español) está aumentando su gasto publico social aumentando el empleo público en su servicio Nacional de Salud (añadiendo 60.000 nuevos puestos de trabajo por año). Como el Sr Brown ha señalado “cortes en gasto y empleo público son erróneos y peligroso en estos momentos cuando necesitamos crear empleo”. ¿Hasta cuándo el pensamiento liberal continuará dominando las políticas públicas de la Unión Europea (incluyendo España)?