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jueves, 10 de junio de 2010

Se creen que somos tontos.


El Ministerio de Sanidad y ¿Política Social' también ha decidido contestarme en relación al 'sabotaje político' de la Ley de la Dependencia en la Comunidad de Madrid. La única conclusión a la que su puede llegar después de leer su escrito es que se creen que los ciudadanos somos tontos.

Para constatar una vez que el color político de una administración no determina su comportamiento: la respuesta del Ministerio también es 'tecnica'. En este caso de la Subdirección Adjunta de Valoración, Calidad Y Evaluación del IMSERSO. El nombre lo dice todo. Me ha recordado aquello de 'adjunto, sirena y puerta,...'.

Puerta debería darse a tanto asesor, gabinete, personal de confianza y demás chupópteros que han inundado las administraciones pública... con eso si que ahorraríamos dinero, mucho dinero.


INFORME TÉCNICO RELATIVO AL ESCRITO DE...

La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía y Atención a la dependencia, establece en su artículo 1 que su objeto es la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos.

En su artículo 11 establece que corresponde a las Comunidades Autónomas la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

Asimismo, es competencia de las Comunidades Autónomas el reconocimiento del grado y nivel de dependencia, la determinación de las prestaciones que corresponden a las personas beneficiarias y la provisión y gestión de dichas prestaciones.

Por tanto, cualquier incidencia o queja en relación al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema ha de ponerse en conocimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente, en este caso la Comunidad de Madrid, al ser la única Administración competente para adoptar las medidas oportunas.

No obstante, durante el presente año se está llevando a cabo la evaluación de los resultados de la Ley, tal y como prevé la misma en el apartado 3 de su disposición final primera. Dicha evaluación permitirá, a la luz de sus conclusiones, la adopción de las medidas más adecuadas para contribuir a su mejora.