Foto tomada de la bitácora de la 'Plataforma por un centro para la paz y la memoria en la antigua Cárcel de Carabanchel'. La lucha continúa.

Bitácora a la que todo lo que la gusta es ilegal, inmoral o engorda
Este artículo muestra el error de muchos supuestos que se reproducen en la sabiduría convencional sobre las causas de la crisis, entre los cuales, uno de amplia difusión, es que la crisis de los países mediterráneos e Irlanda se debe a su excesivo gasto público que debe reducirse. El artículo señala los datos que cuestionan tal supuesto, subrayando que las causas de sus problemas radican en sus enormes desigualdades y polarización de las rentas (que crean problemas de falta de demanda y que generan un profundo endeudamiento), así como el excesivo poder del capital financiero que tiene gran influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y El Banco Central Europeo.
La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.
A propósito de la criminalización de la investigación sobre los crímenes del franquismo
El escándalo generado por el procesamiento al juez “superestrella” Garzón por su decisión de investigar las “desapariciones forzadas” bajo la dictadura franquista, dando así la razón a las acusaciones de “prevaricación” presentadas por sus herederos falangistas y similares, ha vuelto a sacar a la luz el debate sobre la transición política y , más concretamente, la significación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Un repaso de la misma y del contexto en el que se aprobó viene a recordarnos de nuevo el carácter antimodélico de una “reconciliación nacional” que equiparó a víctimas y verdugos del franquismo.
Esa Ley vino a consagrar en realidad el primer “consenso” de la transición, el del olvido y el perdón sobre el pasado de forma, además, completamente asimétrica e injusta: así, si bien por un lado gracias al artículo 1 a) quedaban amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, implicados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política de Suárez, entronizada así como el punto de partida del “cambio” de régimen), en el artículo 2 e) se consideraba comprendidos en la amnistía “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley” y en el 2 f) “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Se consagró de esta forma la eterna impunidad total de la dictadura y de sus crímenes a cambio de una amnistía parcial para quienes habían luchado contra el franquismo.
Porque es cierto que se consiguió que pudieran salir de la cárcel un buen número de presos y presas, incluso quienes habían cometido “delitos de sangre” antes de la fecha mencionada (pero ya no quienes los hubieran hecho entre la misma y el 15 de junio de 1977), que volvieran otras exiliadas o deportadas a terceros países y que se adoptara una amnistía laboral. Pero ni siquiera se logró la amnistía para los militares republicanos, los de la UMD y de las organizaciones antifranquistas de soldados que se habían extendido en los últimos años y tampoco se incluyó a las personas condenadas por adulterio, aborto, uso de anticonceptivos y homosexualidad. Han hecho falta más de 30 años, por cierto, para que se cerrara esa lista.
Fue, por tanto, una Ley de “punto final”, de olvido y perdón completamente injusta, ya que, equiparando a vencedores y vencidos de la guerra civil y a franquistas y antifranquistas, permitió la supervivencia de un aparato represivo que se ha ido reproduciendo hasta nuestros días y continúa especialmente presente en el poder judicial, como estamos comprobando y han corroborado buenos conocedores del medio, entre ellos Carlos Jiménez Villarejo. Trabajos recientes como los de Alfredo Grimaldos y Mariano Sánchez Soler han venido a rememorar también que los meses y años posteriores a esa Ley fueron todo menos “pacíficos”.
Lo peor es que, según recuerdan algunas crónicas posteriores, ese pacto había sido ya diseñado desde una reunión el 11 de enero de 1977 entre los principales representantes de la “oposición democrática antifranquista” y el propio Suárez1. Antes, pues, de someter a prueba hasta qué punto se podía modificar la relación de fuerzas en unos meses que fueron decisivos, aquéllos mostraban ya su disposición a hacer tabla rasa del pasado y a renunciar a reivindicar justicia por los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Y, en efecto, pese a que los resultados de las elecciones de junio de 1977 fueron más lejos de las previsiones de los reformistas franquistas, y salvo excepciones como Francisco Letamendía en el Congreso y Lluis María Xirinachs en el Senado, todos los demás grupos mostraron su voluntad de alcanzar una “amnistía de todos y para todos”. En la proposición del grupo del PCE, por ejemplo, se postulaba la necesidad de “superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil”. Los nacionalistas del PNV y los pujolistas catalanes pidieron afrontar la nueva etapa “con olvido y superación de todo agravio pretérito”, fórmula recogida por el PSOE. Sólo el grupo de Alianza Popular mostraría reticencias que se irían suavizando hasta llevarle a no votar en contra de la Ley. Durante ese debate el PCE mostró, además, su protagonismo reivindicando su política de “reconciliación nacional” adoptada en 1956 y apostando abiertamente por el olvido y el perdón, llegando el entonces Secretario General de ese partido, Santiago Carrillo, a declarar en un mítin: “Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre” (El País, 2/10/1977).
En resumen, la Ley de Amnistía fue uno de los frutos más amargos de la transición –y de la política de “reconciliación nacional”- que, como hemos visto, sigue gozando de buena salud y todavía se utiliza para impedir que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles puedan juzgarse hoy. Convierte así a la transición española en “antimodélica”, como reconoce el conocido filósofo y cientista social Jon Elster en su investigación comparada: “El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional” (Rendición de cuentas, Buenos Aires, Katz, 2006, 80-81).
Todos los informes emitidos en los noventa sobre la evolución de la seguridad social en España fallaron estrepitosamente
Si los expertos tuvieran además razón, estaríamos justo ahora en pleno crash del sistema público de pensiones. La deuda acumulada supondría nada menos que el 10,74% del Producto Interior Bruto y el déficit generado sólo en el último ejercicio equivaldría al menos al 1% del PIB. O más.
Pero el sistema ha sobrevivido a los expertos y catedráticos que a mediados de la década de 1990 lanzaron tan negros presagios. Pese a ser España uno de los países que más sufre la crisis, la Seguridad Social cerró el ejercicio de 2009 con un superávit de 8.500 millones. Y su Fondo de Reserva suma ya 62.000 millones, el 6% del PIB. El sistema quizá necesite ajustes, pero su situación está muy lejos de ser terminal.
¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que tantos y tan distinguidos catedráticos y servicios de estudios tan prestigiosos como el de La Caixa y el del entonces BBV se equivocaran tanto? "Ahora ya no hay duda de que aquellos informes estaban mal hechos, se basaban en modelos muy arbitrarios", opina Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco (UPV), uno de los mayores expertos en pensiones, que no se apuntó a las predicciones apocalípticas.A partir de 1994, hubo un auténtico aluvión de estudios aparentemente muy serios y firmados por expertos de solvencia probada que sostenían que el sistema era insostenible a muy corto plazo. Casi todos coincidían en que los números rojos iban a aparecer en 1995 y que a partir de entonces la pendiente sería cada vez más pronunciada. La conclusión recurrente era que, en consecuencia, había que pasar con urgencia de un sistema de reparto a otro de capitalización, privado.
Las entidades financieras fueron las mayores emisoras de informes de este tipo, que tuvieron un gran eco en los medios de comunicación. Pero la entidad más activa fue probablemente el Círculo de Empresarios de Madrid, que en 1996 encargó un informe a José Piñera, el ministro de Augusto Pinochet artífice de la privatización del sistema de pensiones en Chile, en la década de 1980.
Ni La Caixa ni el Círculo de Empresarios, contactados por Público, han querido comentar ahora los estudios. La entidad financiera, por "sobrecarga de trabajo". Por su parte, un portavoz del Círculo subrayó: "En cuanto a la idea de las predicciones de quiebra del sistema, nuestra posición ha sido siempre que el sistema de reparto, por su propia naturaleza, nunca puede quebrar ya que siempre le quedará al Gobierno la posibilidad de evitarlo".Sin embargo, el primer gran estudio del Círculo, el encargado a Piñera en 1996, tenía la siguiente tesis central: "El actual sistema estatal de reparto está abocado, desde una perspectiva económica, a la quiebra". A esta conclusión se llegaba a través de combinar "un conjunto de datos exógenos" e incorporando "supuestos razonables".
El mayor error que suele atribuirse a todo este conjunto de estudios es que no fue capaz de prever la gran inmigración que llegaría a España. Pero Zubiri subraya que la lista de errores es inacabable. Y que se descartaron todas las variables que podrían tener un efecto positivo, como mejoras en la tasa de actividad, particularmente femenina, que es muy inferior a la europea.
Economistas críticos creen que el objetivo era apoyar planes privados
"Este tipo de modelos están muy teledirigidos; dependen de variables subjetivas que pueden dar resultados muy distintos con leves retoques indemostrables. Es fácil conseguir los resultados que uno quiere", explica Zubiri. Y añade: "No sé si hubo mala fe, pero los errores fueron enormes".
Zubiri se adscribe a la tradición económica clásica. Pero otros economistas vinculados a la corriente crítica no tienen duda de que los errores no eran casuales : "El objetivo era estimular los sistemas privados de pensiones y han tenido éxito porque con tanto miedo mucha gente les creyó y el Estado se vio obligado además a ofrecer cuantiosas desgravaciones", opina Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y coautora de Qué pensiones, qué futuro (Icaria).
Su colega José Iglesias Ferández, economista formado en Oxford y Londres, apunta la hipótesis de que las entidades financieras "promovieron el pánico" deliberadamente para "quedarse con un suculento negocio". Para lograrlo, añade, se sirvieron de los prestigiosos académicos.
La autocrítica ha sido mínima y nadie se ha dado por enterado. El Círculo de Empresarios ha seguido realizando periódicamente informes el último, en 2009 con premisas idénticas. En 2001, cuando según sus pronósticos el sistema hubiera tenido que saltar ya por los aires y en cambio estaba en superávit, el Círculo actualizó el estudio de Piñera. En la presentación, el nuevo informe ventiló los errores así: "Las variaciones en las previsiones a corto plazo no desmienten en absoluto las conclusiones de los modelos económicos aplicados, sino más bien todo lo contrario".
"Lo peor de todo es que no se ha aprendido nada", lamenta Zubiri. Las predicciones a muy largo plazo aún tienen una salud magnífica.