El juez culpa a guardias civiles del montaje contra la clínica IsadoraArchivado el caso sin ningún indicio de aborto ilegal.- La resolución afirma que el derecho a la intimidad de las pacientes quedó "devastado" en la causa
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Cronología del acoso al centro médico
Diciembre de 2006. El día de los Santos Inocentes, el 28, alguien pinta la palabra "asesinos" en las paredes de la clínica Isadora de Madrid.
Febrero de 2007. Dos agentes del Seprona acuden a la clínica para, supuestamente, comprobar la gestión de residuos orgánicos. Deciden inmovilizar los bidones que se iban a entregar a una empresa de gestión de residuos y acuden al juzgado de guardia de Madrid para poder abrirlos. Dicen que sospechan de "abortos ilegales". El Juzgado de Instrucción número seis de Madrid lo deniega por falta de indicios de delito. Los agentes abren días después los bidones con un técnico de la Consejería de Sanidad de Madrid. Aparecen cinco fetos y cuatro restos que, según la Guardia Civil, pueden tener más de 22 semanas, el límite para practicar abortos en ese centro. El Seprona quiere denunciar, pero no vuelve al mismo juez. Busca otro más favorable. El titular del juzgado de Instrucción número 47, José Sierra Fernández, abre diligencias.
Marzo de 2007. La Consejería de Sanidad de Madrid acusa a la clínica de incumplir la normativa de gestión de residuos orgánicos. El juez Sierra pide a la Guardia Civil que identifique a las pacientes cuyos nombres aparecían en las etiquetas de los botes de formol con los restos fetales y a los trabajadores de la clínica. Los agentes se presentan en sus domicilios. El Anatómico Forense dice que de nueve casos, siete están por debajo de las 22 semanas. En dos no se puede determinar la edad gestacional. La clínica pide que el caso vuelva al juzgado seis.
Enero de 2008. Alrededor de 25 mujeres que abortaron son llamadas a declarar como testigos ante la Guardia Civil.
Marzo de 2008. El juez Sierra imputa a tres médicos: el responsable del centro, un médico y la psiquiatra.
Abril de 2008. El Ministerio del Interior investiga las actuaciones de los agentes del Seprona. Estos ocultaron a dos magistrados que el juez de guardia había cerrado el caso.
Julio de 2009. La Audiencia Provincial de Madrid dice que el juez Sierra no era competente para tramitar el caso; que éste debe volver al juzgado número seis; que los médicos no han sido acusados de nada en concreto; que las organizaciones antiabortistas no pueden personarse en la causa; y que los agentes de la Guardia Civil desobedecieron una resolución judicial y buscaron un juez favorable a sus propósitos.
15 de octubre de 2009. El juzgado número seis dicta el archivo definitivo. Nunca ha habido indicios de delito en la actuación de los médicos.
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