Los claveles tiñeron la madrugada cuando sonó esta canción

De aquellos polvos (Transición), estos lodos (Impunidad del Franquismo).

Reproduzco este artículo de Jaime Pastor que arroja luz sobre lo, que de nuevo, se quiere esconder bajo el 'caso Garzón'. El problema no es solo el juez Garzón y su procesamiento, sino la 'modélica' Transición a la democracia que se produjo en este país, que se fundamentó en la impunidad de los crímenes del franquismo refrendada por la Ley de Amnistía, asunto que muy pocos han cuestionado hasta ahora. El PSOE y el PCE, que la aceptaron y defendieron como símbolo de la 'reconciliación nacional', parecen haberse despertados de bruces de un 'sueño' de 35 años. No deja de sonrojar, ver a Felipe González y Santiago Carrillo, llevarse las manos a la cabeza por lo sucedido, queriendo tapar su responsabilidad de lo que sucede en estos momentos.

A propósito de la criminalización de la investigación sobre los crímenes del franquismo

El escándalo generado por el procesamiento al juez “superestrella” Garzón por su decisión de investigar las “desapariciones forzadas” bajo la dictadura franquista, dando así la razón a las acusaciones de “prevaricación” presentadas por sus herederos falangistas y similares, ha vuelto a sacar a la luz el debate sobre la transición política y , más concretamente, la significación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Un repaso de la misma y del contexto en el que se aprobó viene a recordarnos de nuevo el carácter antimodélico de una “reconciliación nacional” que equiparó a víctimas y verdugos del franquismo.

Esa Ley vino a consagrar en realidad el primer “consenso” de la transición, el del olvido y el perdón sobre el pasado de forma, además, completamente asimétrica e injusta: así, si bien por un lado gracias al artículo 1 a) quedaban amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, implicados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política de Suárez, entronizada así como el punto de partida del “cambio” de régimen), en el artículo 2 e) se consideraba comprendidos en la amnistía “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley” y en el 2 f) “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Se consagró de esta forma la eterna impunidad total de la dictadura y de sus crímenes a cambio de una amnistía parcial para quienes habían luchado contra el franquismo.

Porque es cierto que se consiguió que pudieran salir de la cárcel un buen número de presos y presas, incluso quienes habían cometido “delitos de sangre” antes de la fecha mencionada (pero ya no quienes los hubieran hecho entre la misma y el 15 de junio de 1977), que volvieran otras exiliadas o deportadas a terceros países y que se adoptara una amnistía laboral. Pero ni siquiera se logró la amnistía para los militares republicanos, los de la UMD y de las organizaciones antifranquistas de soldados que se habían extendido en los últimos años y tampoco se incluyó a las personas condenadas por adulterio, aborto, uso de anticonceptivos y homosexualidad. Han hecho falta más de 30 años, por cierto, para que se cerrara esa lista.

Fue, por tanto, una Ley de “punto final”, de olvido y perdón completamente injusta, ya que, equiparando a vencedores y vencidos de la guerra civil y a franquistas y antifranquistas, permitió la supervivencia de un aparato represivo que se ha ido reproduciendo hasta nuestros días y continúa especialmente presente en el poder judicial, como estamos comprobando y han corroborado buenos conocedores del medio, entre ellos Carlos Jiménez Villarejo. Trabajos recientes como los de Alfredo Grimaldos y Mariano Sánchez Soler han venido a rememorar también que los meses y años posteriores a esa Ley fueron todo menos “pacíficos”.

Lo peor es que, según recuerdan algunas crónicas posteriores, ese pacto había sido ya diseñado desde una reunión el 11 de enero de 1977 entre los principales representantes de la “oposición democrática antifranquista” y el propio Suárez¹. Antes, pues, de someter a prueba hasta qué punto se podía modificar la relación de fuerzas en unos meses que fueron decisivos, aquéllos mostraban ya su disposición a hacer tabla rasa del pasado y a renunciar a reivindicar justicia por los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Y, en efecto, pese a que los resultados de las elecciones de junio de 1977 fueron más lejos de las previsiones de los reformistas franquistas, y salvo excepciones como Francisco Letamendía en el Congreso y Lluis María Xirinachs en el Senado, todos los demás grupos mostraron su voluntad de alcanzar una “amnistía de todos y para todos”. En la proposición del grupo del PCE, por ejemplo, se postulaba la necesidad de “superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil”. Los nacionalistas del PNV y los pujolistas catalanes pidieron afrontar la nueva etapa “con olvido y superación de todo agravio pretérito”, fórmula recogida por el PSOE. Sólo el grupo de Alianza Popular mostraría reticencias que se irían suavizando hasta llevarle a no votar en contra de la Ley. Durante ese debate el PCE mostró, además, su protagonismo reivindicando su política de “reconciliación nacional” adoptada en 1956 y apostando abiertamente por el olvido y el perdón, llegando el entonces Secretario General de ese partido, Santiago Carrillo, a declarar en un mítin: “Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre” (El País, 2/10/1977).

En resumen, la Ley de Amnistía fue uno de los frutos más amargos de la transición –y de la política de “reconciliación nacional”- que, como hemos visto, sigue gozando de buena salud y todavía se utiliza para impedir que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles puedan juzgarse hoy. Convierte así a la transición española en “antimodélica”, como reconoce el conocido filósofo y cientista social Jon Elster en su investigación comparada: “El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional” (Rendición de cuentas, Buenos Aires, Katz, 2006, 80-81).

Jaime Pastor es profesor de Ciencias Políticas y militante de Izquierda Anticapitalista

Viernes 23 de Abril: Daniel Bensaïd in memoriam

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I Congreso de la Federación de Afectados Filatélicos (FAF)

El pasado sábado 17 de Abril se celebró en Bilbao el I Congreso de la Federación de Afectados Filatélicos con la asistencia de más de 200 representantes de las asociaciones que la componen. No hay palabras suficientes para agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado por los miembros de la Asociación de Afectados por Afinsa y Fórum Filatélico de Bizkaia. Eskerrik asko.

El Congreso se inició con un homenaje y recuerdo a los afectados fallecidos en estos casi 4 años. Después de la inauguración, intervino Javier Maqueda, Catedrático de Economía y Finanzas de la UPV que fue Senador del PNV entre marzo de 2004 y enero de 2008. Después lo hizo Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid. Para cerrar la sesión de la mañana intervino Francisco Álvarez, asesor financiero de prestigio internacional y divulgador de la cultura financiera en diversos medios de comunicación. Antes de irnos a comer se abrió un turno de preguntas para los tres ponentes.

Al medio día se llevó a cabo una acción de calle denominada 'Entierro del Estado de Derecho', donde se dió tierra a un féretro que contenía los restos del Barón de Monstesquieu, persona que acuñó el concepto y teorizó sobre la separación de poderes.

En la sesión de tarde participaron un panel de abogados de los Bufetes que representan a las distintas asociaciones de la FAF: Nuria García, Antonio Heredero, José Luis Santamarca, Carmelinda Pinto y Carmen Val. Una vez completadas sus exposiciones, se abrió un turno de preguntas. Para finalizar, se llevó a cabo la lectura de las conclusiones y la clausura del Congreso.

Las personas interesadas pueden acceder a los videos de las distintas intervenciones pinchando en los enlaces correspondientes.

Voy a acabar con la frase que los compañeros de Bizkaia usan para finalizar sus comunicados y sus acciones: "Si luchamos podemos perder, si no luchamos, ya hemos perdido".

Al cumplirse el cuarto aniversario de la intervención judicial de Afinsa y Fórum Filatélico, el sábado 8 de Mayo se celebrará una Manifestación Estatal entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de Colón. Ese día: ¡TODOS A MADRID!

La luz republicana no se apaga.

Absolución de Egunkaria: ¿ahora qué?

La Audiencia Nacional absuelve a los cinco directivos de 'Egunkaria'

¿El juez Juan del Olmo va a ser procesado? ¿Pagará de su dinero las indemnizaciones a las que habrá lugar? No se preocupen que seguirá ejerciendo y no pagará un duro de su bolsillo. ¡Qué vergüenza de Justicia!

¿Rectificarán los políticos y los tertulianos sus declaraciones de todos estos años? ¿Existió para los procesados la presunción de inocencia que se exige para los corruptos? ¡Qué vergüenza de políticos!

¿Qué explicarán a los lectores los medios que han atacado a Egunkaria? ¿Dónde mirarán los periodistas que han callado durante todos estos años? ¡Qué vergüenza de periodistas!

Supongo que los miembros de la Academia de las Artes, las Ciencias y de la Música que abuchearon a Fermín Muguruza en esta recogida de un premio estarán redactando sus cartas de disculpas.

¡ GRACIAS A LOS QUE TODOS ESTOS AÑOS DEFENDIERON SU INOCENCIA !

Sobran más palabras

Manel Fontdevila en 'Público'

Los servicios públicos en peligro.

Desde los años 90 viene utilizándose la limitación de la tasa de reposición de efectivos en las Administraciones Públicas por los distintos Gobiernos. Ello sirvió de excusa en un principio para la privatización de servicios públicos ante la imposibilidad de atenderlos por empleados públicos. Mientras se limitaba el capítulo de los Gastos de Personal en los Presupuestos Generales de las diversas Administraciones Públicas, no pasaba con otros capítulos del gastos público con los que se pagan los servicios prestados por empresas privada.

El Gobierno de ZP ha decidido incumplir el acuerdo firmado en Septiembre pasado con los sindicatos en el marco del diálogo social, que ya preveía una limitación de la tasa de reposición pero dejando fuera de ella a los servicios públicos esenciales. De cada 10 plazas que queden vacantes solo se cubrirá 1, con lo cual ni siquiera se podrán cubrir las vacantes necesarias para poner en marcha los nuevos servicios públicos pendientes de apertura. ¿Permanecerán cerrados los mismos o serán privatizados pues para eso no hay limitación presupuestaria?

Para conocer la situación real del empleo y los servicios públicos en España en comparación con nuestro entorno, en estos momentos en que la creación de empleo es la necesidad fundamental de nuestra sociedad, os dejo con este artículo publicado ayer en 'Público' por nuestro admirado Vicenç Navarro.

Crisis y empleo público.

Este artículo contrasta la respuesta del pensamiento liberal a la crisis (priorizando la reducción del déficit y de la deuda pública) con la que debiera promoverse (favoreciendo la creación de empleo, incluyendo empleo público) a fin de disminuir el desempleo y estimular el crecimiento económico. El artículo muestra datos empíricos que documentan el error de la primera respuesta (que se está promoviendo en la Unión Europea, incluyendo España) y que avalan la conveniencia de la segunda (desarrollada por la Administración Obama), señalando la necesidad de crear empleo público, y particularmente en los servicios del estado del bienestar, con el objetivo de acelerar la recuperación económica.

Existen hoy dos filosofías de cómo salir de la crisis. Una, dominante en los establishments políticos y mediáticos europeos, acentúa la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública. Es la alternativa liberal promovida sobre todo por la banca y por los partidos conservadores y liberales (y algunos socialdemócratas). La otra filosofía considera que el mayor problema existente es el desempleo y la prioridad en las intervenciones públicas debiera ser la de crear empleo, incluso empleo público, a fin de disminuir el desempleo, una de las causas de la falta de recuperación económica. La Administración Obama y el Congreso de EEUU han tomado varias medidas en este sentido. Una de ellas es la ley propuesta por la Administración Obama y aprobada en febrero del 2009 por el congreso (American Recovery and Reinvestment Act o ARRA) que tiene como objetivo la creación de empleo en aquel país, ley que ha sido complementada con otra, aprobada en Diciembre del 2009 por la Cámara Baja de EEUU (Jobs for Main Street) que expande el gasto público para, además de expandir la cobertura al seguro de desempleo, (a fin de alcanzar a mayor número de trabajadores en paro, hoy el 10% de la población activa) crear el máximo numero de puestos de trabajo en construcción de infraestructuras físicas (carreteras y transporte público) y en servicios públicos (tales como educación, servicios sociales y servicios sanitarios). Y ahora, la Administración Obama está preparando otra Ley que acentúe todavía más la creación de puestos de trabajo en el sector público. El objetivo de todas estas intervenciones es la creación masiva de empleo público. Existen además otras intervenciones en las que se estimula la creación de empleo en el sector privado y muy en especial en las industrias verdes de carácter ecológico y ahorradores de energías.

Todas estas políticas de creación de empleo público por parte del estado están adquiriendo un gran protagonismo en las políticas de resolución del elevado desempleo en EEUU. El criterio fundamental para guiar este esfuerzo es 1) que se creen el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y 2) que la creación de tales empleos beneficien el máximo número de personas posible. Todos los estudios realizados muestran que donde las inversiones alcanzan mejor estas condiciones son las inversiones en los servicios del estado de bienestar. Incluso el ministro de Economía y Hacienda (Secretary of the Treasure), el sr Timothy Geithner ha subrayado que “las inversiones en las aéreas sociales son las que ofrecen mayor ocupación por el mismo dinero”. Comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales, como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos, estos últimos son los que crean más empleo, y satisfacen a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas, crea 1.2 millones en los servicios del estado de bienestar. Las inversiones que crean 11 puestos de trabajo en infraestructuras físicas, y 17 en industrias verdes, crean 23 puestos de trabajo en sectores sociales. Es importante añadir además que las inversiones sociales crean, en general, ocupación entre los grupos más afectados por el desempleo, a la vez que proveen servicios que benefician a un número mayor de personas.

De especial importancia son los inversiones en escuela de infancia y en los servicios domiciliarios que facilitan la incorporación de la mujer el mercado de trabajo y aumentan a su vez su productividad (añadiendo 33.000 millones de dólares a la economía). Este tipo de inversión en creación de empleo es también especialmente importante pues aumenta el porcentaje de la población adulta que trabaja, un elemento clave para la recuperación económica. El Ministerio de Trabajo de EEUU ha indicado que los dos sectores de la economía donde crecerá mas el empleo es precisamente en las escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, siendo estos sectores donde el gobierno federal está insistiendo más en los programas de creación del empleo público.

Estos datos son especialmente relevante para España donde se está siguiendo una política errónea de reducción del empleo público y de gasto público, desaprovechando la oportunidad creada por la crisis de corregir el enorme déficit de empleo público en los servicios del estado del bienestar. España es el país de la UE.15 con el número más bajo de empleo público (6.5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a 14 en Suecia, 10 en Francia, 17 en Dinamarca y 12 en Finlandia, todos ellos países de gran eficiencia y competencia económica). La creación de empleo público en España reduciría el desempleo y facilitaría la recuperación económica.

Tal creación de empleo público debería financiarse a base de aumentar los impuestos de los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficios bancarios y empresariales y de las rentas superiores, permitiendo además una menor reducción del déficit fiscal. Incluso el gobierno de la Tercer Via del Sr. Brown en Gran Bretaña (que tiene un déficit de 13% del PIB, mayor que el español) está aumentando su gasto publico social aumentando el empleo público en su servicio Nacional de Salud (añadiendo 60.000 nuevos puestos de trabajo por año). Como el Sr Brown ha señalado “cortes en gasto y empleo público son erróneos y peligroso en estos momentos cuando necesitamos crear empleo”. ¿Hasta cuándo el pensamiento liberal continuará dominando las políticas públicas de la Unión Europea (incluyendo España)?