En el triste 50 Aniversario de ETA

ETA no ha tenido la lucidez ni la valentía política de ver que los tiempos han cambiado dentro y fuera del País Vasco. No ha tenido los arrautzas [huevos] políticos y éticos para hacerlo.

Julen Madariaga, uno de sus fundadores, en una entrevista publicada el domingo pasado por 'El País'.

Impresentable

"Voy a pedir quién eres para evitar que vengas a este ministerio"

Martes 28.08.209. 19:14. El encargado de comunicación del Ministerio de Trabajo ha recriminado a un periodista de TVE por preguntar al ministro Corbacho después de una rueda de prensa y le ha amenazado con impedir que entre de nuevo en el Ministerio.

Ceses temporales

¿Cual de estos ceses temporales finalizará antes?

Si el despido ya es libre...

Engañabobos, según el Diccionario de la RAE, es aquella cosa que engaña o defrauda con su apariencia. En este caso, la cosa en cuestión es el 'despido libre' en el diálogo social.Cualquier lector avisado se habrá dado cuenta del engaño pero por si hay algún despitado por ahí, vamos a poner las cartas sobre la mesa.

El despido libre ya existe en la legislación española, solo hay que leerse el Estatuto de los Trabajadores para constatarlo. El despido en España es libre salvo en el caso de que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, además de los tres supuestos que se incluyen en el art. 55.5 del citado Estatuto.

Por tanto, lo que está en debate no es el despido libre sino cual es la cuantía que el empresario tiene que pagar al trabajador para que este se produzca. Lo que se debate, no es un derecho que ya tiene el empresario reconocido, sino que ejercer ese derecho le cueste al empresario lo menos posible. Ese es el gran debate que se esconde detrás de este engañabobos.

Para que el despido sea más barato es necesario modificar la legislación vigente, eliminando el control administrativo en el caso de los despidos colectivos incluídos en los ERE donde las indemnizaciones son negociadas y mayoritariamente superiores a las del despido más barato, el procedente. Por otra parte hay que eliminar el control jurisdicional que puede declararlo improcedente y, por tanto, encarecerlo.

La diferencia de dinero está clara:

• Despido procedente:

Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

• Despido improcedente:

Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades, más los salarios de tramitación que ya intento eliminar el PP con el 'decretazo' que motivó la última Huelga General.


Lo que quiere la patronal es un despido más barato, no el engañabobos del despido libre, que ya consiguió hace años... y lo quieren para aumentar sus beneficios a costa de rebajar el salario diferido que supone la indemnización por despido. Es la misma razón que les lleva a solicitar una rebaja de las cotizaciones sociales, otro salario diferido.

Contra menos gane el obrero, más gana el patrón... lo demás son engaños para mantenernos domesticados, si no lo estuvieramos poco por el peso de las hipotecas que nos han endosado para acceder a un derecho como es la vivienda.

Ardemos

El dedazo que valió una corona

Hace 40 años, el 22 de julio de 1969, Franco decidió que Juan Carlos fuera su sucesor como jefe de Estado. Por ello, el diario 'Público' ha dedicado al asunto su portada y varios artículos: 'El dedazo que valió una corona', 'El rey juro lealtad a Franco y a todas sus leyes', 'Todos pendientes de la nueva sucesión', 'Pitar al rey y al himno de España no es delito' y el artículo de Isaac Rosa que a continuación reproduzco:

'Majestad, está usted despedido'

Por experiencia histórica sabemos bien lo que cuesta echar a un rey. En España lo hemos intentado ya varias veces, pero reaparecen en cuanto bajas la guardia. La última vez que lo conseguimos fue en 1931, con Alfonso XIII, y aquí seguimos, con su nieto ejerciendo, y el bisnieto calentando en la banda.

Cualquiera pensaría que a estas alturas la monarquía es ya un producto viejo, pasado de moda. Pero lo cierto es que sigue contando con una cuota de mercado importante, y son muchos todavía los consumidores que valoran bien el producto. Juancarlistas los llaman. La clave del éxito está en la fuerte inversión publicitaria, claro, pero también en el blindaje mediático que lo protege. Lo que ya no está tan claro es que cuando llegue al mercado la última actualización del producto, Felipe 6.0, los usuarios mantengan el entusiasmo. Tal vez por eso sigue activa la vieja versión, pese a que ya empieza a tener fallos; porque no confían en las prestaciones del relevo.

Así que los republicanos podemos esperar sentados a que los consumidores se cansen y la empresa quiebre. O podemos pensar en otras vías. A mí se me ocurre una posibilidad, muy adecuada a estos tiempos: despidamos al rey. Echemos al rey por la vía laboral, mediante un despido en toda regla, con su preaviso, su finiquito y adiós muy buenas. Ya sé que parece poco serio derrocar un rey en la magistratura de trabajo, pero déjenme fantasear un poco.

¿No llevamos años escuchando que es un gran profesional, que está al servicio de los españoles? Pues muy bien: ya que no parece dispuesto a jubilarse ni dimitir, llamémosle hoy mismo al despacho y comuniquémosle el despido. Gracias por los servicios prestados, ha sido un placer, recoja sus cosas y adiós.

De entrada, echemos un vistazo a su vida laboral para estudiar el caso. En su expediente dice que fue contratado para el puesto un 22 de julio de 1969, aunque ya llevaba 20 años en período de formación. Pasó seis años de becario a la sombra de Franco, al que sustituyó un par de veces cuando enfermó. Por fin, tomó posesión del puesto un 22 de noviembre de hace treinta y cuatro años. Y en 1978 se le renovó en el cargo, se le hizo indefinido, y así hoy.

Con esta trayectoria, hay varias posibilidades para despedirlo. Podemos declarar el contrato en fraude de ley. Sobran los motivos para ello: no se ajusta a la legislación laboral vigente (que no contempla puestos de trabajo hereditarios) y, en caso de que lo sometamos a la ley monárquica, también hubo fraude, pues se saltó la sucesión natural,ya que le tocaba heredar a su padre.

Lo ideal sería que dejase la empresa de manera amistosa, por finalización de contrato o por realización de obra o servicio, pero ya vimos que tiene contrato indefinido. De manera que habrá que intentar un despido procedente, o de lo contrario nos saldrá por un pico. Hagan cuentas: una indemnización de 45 días por año trabajado, con cuarenta años de servicio son 1.800 días, es decir, cinco años de sueldo. Si pensamos que cada año recibe nueve millones de euros, la broma nos saldría muy cara. Y además, si declaran el despido improcedente tendremos que readmitirlo.

Más barato nos saldría un despido disciplinario, que de paso nos resarciría por tantos siglos de monarquía. Basta algún motivo de incumplimiento de contrato, como por ejemplo abuso de confianza. Para ello tendríamos que conocer cuánto hay de cierto en todos esos rumores que desde hace años adornan al rey, sobre sus negocios y amistades peligrosas, imposibles de comprobar por el blindaje informativo.

Si conseguimos despedir al rey, todavía nos quedará la extensa familia real. Para ella haría falta un ERE, un despido colectivo que incluya el cierre del negocio, o el traslado de la producción a otro país donde quieran contratarlos quizá alguna de esas petromonarquías con las que tienen buena relación.

En cuanto a los monárquicos, haría falta un plan de reconversión para recolocarlos. Es esperable que la mayoría de juancarlistas se recicle sin protestar cuando falte, pero siempre quedarán unos cuantos yonquis que necesitarán ayuda para superar el mono.

¡ Qué se joda el que venga detrás !

8 de Julio: Germán, no te olvidamos

Un 8 de Julio más, desde aquel de 1978 donde los disparos de la Policía acabaron con la vida de Germán Rodríguez, militante de LKI, en Pamplona se celebrarán actos en recuerdo de su memoria.

Sirva este artículo publicado en 'Gara', por Josu Txueka, Piru Zabalza y Presen Zubillaga, miembros de 'Sanfermines-78: Gogoan' para hacer memoria de lo sucedido.


Los Sanfermines de 1978 fueron, sobre todo, un golpe dado por los poderes fácticos y estatales con el fin de advertir qué es lo que podía pasar si la institucionalización de Nafarroa no discurría por los cauces «correctos»

Para quienes desde hace 31 años venimos reclamando verdad, justicia y reparación para con la barbarie cometida en Sanfermines-78, el pasado año fue muy importante, pues conseguimos evitar que la alcaldesa Barcina sepultase en un oscuro almacén la estela de Germán y logramos finalmente reponerla en su lugar.

Cientos de personas se sumaron a este esfuerzo: decenas de artistas cedieron sus cuadros para una exposición; otros tantos escritores plasmaron en sus postales su recuerdo y su rabia; más de ochenta profesionales del derecho denunciaron la falta de justicia para con aquel crimen; se realizó un video sobre todo aquello; txarangas, fanfarres, txistularis, coros y cantantes aportaron su voz y su música y, finalmente, decenas de colectivos sociales y miles de personas tomaron parte en las concentraciones, manifestaciones y actos convocados al efecto.

Durante este curso hemos seguido trabajando. Ante la continuada pasividad cómplice de las instituciones (Ayuntamiento, Parlamento, Gobierno...), a primeros de año recabamos del Defensor del Pueblo su intervención, pero su respuesta no pudo ser más desalentadora. Aduciendo problemas de plazo y falta de competencia, el Defensor del Pueblo escurrió el bulto. Más de 50 colectivos, 80 profesionales del Derecho y varios heridos de bala en aquellos Sanfermines habían apoyado la petición, pero su exigencia de verdad, justicia y reparación fue menospreciada.

Este mes de junio, 45 historiadores navarros (profesores, investigadores...) han suscrito una declaración valorando aquello como «una de las más graves e impunes agresiones padecidas por nuestro pueblo en las últimas décadas» y afirmando que «la responsabilidad directa correspondió a las fuerzas de la Policía Nacional y, en última instancia, al entonces Gobierno de UCD». Reclaman asimismo de nuestras instituciones que «reconozcan la citada agresión a los efectos de su inclusión en cualquier tipo de actuación oficial relativa a la historia de nuestro pueblo» y que ésta «sea incluida en los correspondientes currículos educativos».

En esa línea, este mismo mes hemos presentado al Pleno del Ayuntamiento de Iruñea una petición para que sea creada una comisión de la verdad en la que participen también peñas y colectivos sociales, a fin de dar reconocimiento oficial a aquella agresión y trabajar por la justicia y reparación. La moción, desgraciadamente, no ha sido aprobada. UPN, como siempre, se ha opuesto a ella. El PSN, por su parte, una vez repuesta la estela, no considera necesario hacer nada más a este respecto. La razón es simple: la verdad sobre los Sanfermines-78 sigue escociendo mucho y a muchos, pues revolver sobre aquellos hechos supone revolver también el contexto de la transición política en Nafarroa, y eso es algo que no interesa.

¿Por qué en el Parlamento vasco el PSE ha votado a favor de una resolución similar en relación a la matanza de obreros realizada del 3 de marzo de 1976 por la Policía del entonces Gobierno de UCD, y aquí, en Nafarroa, el PSN es refractario por completo a adoptar medidas similares? ¿Por qué en la Diputación Provincial de Málaga y en el Parlamento andaluz el PSOE han votado a favor de declarar a Manuel José García Caparrós hijo predilecto de aquella tierra, denunciando su asesinato por la policía en 1977 y aquí, en Iruñea, el PSN se niega a cualquier acuerdo similar?

La transición en Nafarroa tuvo dos características que no se dieron en ningún otro lugar del Estado. En primer lugar, las Bases del Amejoramiento no se aprobaron en el Parlamento, ni fueron fruto de negociación democrática alguna, sino que fueron fijadas por dos franquistas: Amadeo Marco, último cacique de la Diputación, y Martín Villa, alto cargo del Movimiento con Franco y ministro del Interior en aquel momento. En segundo lugar, Nafarroa fue la única Comunidad cuyo estatuto de autonomía -Amejoramiento- no fue sometido a referéndum entre el conjunto de la población.


Se ha afirmado en numerosas ocasiones. Los Sanfermines de 1978 fueron, sobre todo, un golpe dado por los poderes fácticos y estatales con el fin de advertir qué es lo que podía pasar si la institucionalización de Nafarroa no discurría por los cauces «correctos». Se trató, pues, de algo que iba mucho más allá que la explicación oficial que hablaba exclusivamente de malentendidos en las órdenes dadas y de algún que otro policía incontrolado.

No es por ello extraño que ahora tanto UPN como PSN se hayan negado a reconocer oficialmente aquella agresión. Pero no por ello vamos a ceder en nuestro empeño. El movimiento de recuperación de la memoria histórica tan intenso que hoy vivimos habría sido impensable hace tan sólo diez años. Los logros conseguidos -sin lanzar campana alguna al vuelo- también. Por eso no desistimos. Junto a todas esas docenas de colectivos sociales, profesionales del Derecho, historiadores, artistas y escritores, seguiremos reivindicando verdad, justicia y reparación. Lo que no consigamos este año quedará pendiente para el siguiente y, mientras tanto, el próximo 8 de julio tenemos una cita a las 13:00 horas junto a la estela de Germán y otra más, por la tarde, a la salida de los toros. ¡Que no decaiga!

Contra el regreso de las leyes raciales

'Carta al Director' publicada el 1 de Julio de 2009 por 'El País' firmada por Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi, Dacia Maraini, Franca Rame Y Dario Fo.

Las cosas que acaecen en Italia han tenido siempre, para bien o para mal, una gran influencia en toda la sociedad europea, desde el Renacimiento italiano al fascismo, pero no siempre se han conocido a tiempo.

En este momento, los periódicos europeos muestran gran interés por algunos aspectos de la crisis que está atravesando nuestro país; sin embargo, consideramos un deber de los que vivimos en Italia llamar la atención de la opinión pública europea sobre otros aspectos que han permanecido oscurecidos.

Se trata de ciertos movimientos de la política y de la legislación italiana que, si no se logran frenar, pueden desfigurar el rostro de Europa y hacer retroceder la causa de los derechos humanos en todo el mundo.

El Gobierno de Berlusconi, con el pretexto de la seguridad, ha impuesto al Parlamento, del que tiene el pleno control, la adopción de normas discriminatorias con respecto a los inmigrantes que ya no se veían en Europa desde los tiempos de las leyes raciales.

Se ha sustituido el sujeto pasivo de la discriminación; ya no es el judío sino la población de inmigrantes irregulares, compuesta por centenares de miles de personas, pero no se han cambiado las normas previstas por las leyes raciales, como la prohibición de los matrimonios de conveniencia mixtos.

Con esa prohibición se impide (...) el ejercicio de un derecho fundamental como es el de contraer matrimonio a personas sin vínculos de raza o de religión; un derecho fundamental del que se sustrae no sólo a los extranjeros, sino también a los italianos.

Además, mediante una norma aún más lesiva para la dignidad humana, se ha introducido la prohibición de reconocer a sus propios hijos a las mujeres extranjeras sin papeles. Como consecuencia de esa decisión política, (...) los hijos de las madres extranjeras en situación irregular serán para siempre hijos de nadie, se les separará de sus madres y serán entregados al Estado. Ni siquiera el fascismo llegó tan lejos. Las leyes raciales introducidas por ese régimen en 1938 no privaban a las madres judías de sus hijos, ni las obligaban a abortar para evitar tener que entregar a sus hijos al Estado.

No apelaríamos a la opinión pública europea si la gravedad de estas medidas no superara toda frontera nacional, y no exigiese una reacción responsable de todas las personas que creen en una humanidad común. Europa no puede admitir que uno de sus países fundadores retroceda a niveles primitivos de convivencia, contradiciendo las leyes internacionales y los principios de seguridad jurídica en que se basa la propia construcción política europea. Va en interés de todos nosotros europeos garantizar que esto no suceda.

La cultura democrática europea debe tomar conciencia de la patología que proviene de Italia y movilizarse para impedir que se extienda en Europa.

Cada uno debe elegir el modo oportuno de manifestar y hacer valer su oposición.

Justicia gaseosa

Traigo hasta aquí este artículo que Ignacio Camacho ha publicado hoy en 'ABC' y que titula 'Justicia gaseosa'.


DOSCIENTOS días. Eso es lo que ha tardado la justicia americana en dictar sentencia sobre la estafa piramidal de Bernard Madoff y dejar caer sobre la cabeza (¿de turco?) del timador una condena equivalente a la cadena perpetua. Se puede pensar si el reo habría recibido un veredicto tan duro en el caso de haber estafado a gente del común en vez de a una constelación planetaria de millonarios deslumbrados por el brillo del dinero fácil, pero lo que resulta indiscutible es la celeridad ejemplar con que el sistema ha evacuado la depuración del fraude, incluyendo la reparación parcial de los daños causados a la clientela a través de una forzosa negociación bancaria. En los primeros seis meses de un proceso de esa envergadura, la justicia española apenas tendría tiempo para las diligencias previas y los recursos preliminares, y pasarían años antes de que las víctimas supiesen apenas el paradero de sus evaporados caudales.

No es especulación; los clientes de Fórum y Afinsa aún no saben cuánto dinero han extraviado, ni siquiera si han sido o no objetos de estafa. Diluido el efecto mediático del escándalo y disipada la posibilidad de encontrar en él piezas de caza mayor política, el caso parece haber perdido prioridad para descaminarse entre los recovecos polvorientos del kafkiano castillo judicial español, donde yacen amontonados sumarios de corrupción, pleitos indemnizatorios, contenciosos de larga duración y hasta escalofriantes procesos penales. Algunos de esos aletargados expedientes fueron en su día instruidos bajo el irónico epígrafe del procedimiento abreviado.

Eso sí, los comienzos de cada causa resultan de lo más prometedores. En esos arranques efervescentes con multitudinarios «paseíllos» de juzgado se arruinan reputaciones, se siembran incertidumbres, se ejecutan sumarísimos veredictos de opinión pública y se aplica a los sospechosos pena de telediario. Luego se va perdiendo el gas en un frufrú decadente de burbujas que acaba en un perezoso desmadejamiento disimulado en trámites garantistas, y al cabo de los años, si es que antes el papeleo no se empantana en archivazo, se presenta ante el tribunal un demacrado montepío de canas en busca de un remedo de justicia tardía. Acaso de esa costumbre dilatoria provenga la afición de ciertos magistrados por remover fosas de la guerra (in)civil y hasta pedir el certificado de defunción de Franco; acostumbrados a su propio ritmo deben de pensar que están desatascando urgencias. Con esta justicia de ultratumba no es improbable que en la vista del presunto fraude filatélico acaben declarando algunos herederos de los inversores que hoy siguen preguntándose por el borroso destino de sus ahorros malogrados. Aquí un tipo como Madoff, que tiene 70 años, necesitaría tres vidas para llegar a sentarse en el banquillo de acusados.

Nota de Prensa de la Federación de Afectados Filatélicos (FAF).
Más información en: www.afectadosfilatelicos.com o en la bitácora de 'Emovilizate'.