lunes, 22 de febrero de 2010

Las 'pensiones' que algunos matan, gozan de buena salud.



Todos los informes emitidos en los noventa sobre la evolución de la seguridad social en España fallaron estrepitosamente

Si los expertos tuvieran además razón, estaríamos justo ahora en pleno crash del sistema público de pensiones. La deuda acumulada supondría nada menos que el 10,74% del Producto Interior Bruto y el déficit generado sólo en el último ejercicio equivaldría al menos al 1% del PIB. O más.

Pero el sistema ha sobrevivido a los expertos y catedráticos que a mediados de la década de 1990 lanzaron tan negros presagios. Pese a ser España uno de los países que más sufre la crisis, la Seguridad Social cerró el ejercicio de 2009 con un superávit de 8.500 millones. Y su Fondo de Reserva suma ya 62.000 millones, el 6% del PIB. El sistema quizá necesite ajustes, pero su situación está muy lejos de ser terminal.

¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que tantos y tan distinguidos catedráticos y servicios de estudios tan prestigiosos como el de La Caixa y el del entonces BBV se equivocaran tanto? "Ahora ya no hay duda de que aquellos informes estaban mal hechos, se basaban en modelos muy arbitrarios", opina Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco (UPV), uno de los mayores expertos en pensiones, que no se apuntó a las predicciones apocalípticas.

A partir de 1994, hubo un auténtico aluvión de estudios aparentemente muy serios y firmados por expertos de solvencia probada que sostenían que el sistema era insostenible a muy corto plazo. Casi todos coincidían en que los números rojos iban a aparecer en 1995 y que a partir de entonces la pendiente sería cada vez más pronunciada. La conclusión recurrente era que, en consecuencia, había que pasar con urgencia de un sistema de reparto a otro de capitalización, privado.

Las entidades financieras fueron las mayores emisoras de informes de este tipo, que tuvieron un gran eco en los medios de comunicación. Pero la entidad más activa fue probablemente el Círculo de Empresarios de Madrid, que en 1996 encargó un informe a José Piñera, el ministro de Augusto Pinochet artífice de la privatización del sistema de pensiones en Chile, en la década de 1980.

Ni La Caixa ni el Círculo de Empresarios, contactados por Público, han querido comentar ahora los estudios. La entidad financiera, por "sobrecarga de trabajo". Por su parte, un portavoz del Círculo subrayó: "En cuanto a la idea de las predicciones de quiebra del sistema, nuestra posición ha sido siempre que el sistema de reparto, por su propia naturaleza, nunca puede quebrar ya que siempre le quedará al Gobierno la posibilidad de evitarlo".

Sin embargo, el primer gran estudio del Círculo, el encargado a Piñera en 1996, tenía la siguiente tesis central: "El actual sistema estatal de reparto está abocado, desde una perspectiva económica, a la quiebra". A esta conclusión se llegaba a través de combinar "un conjunto de datos exógenos" e incorporando "supuestos razonables".

El mayor error que suele atribuirse a todo este conjunto de estudios es que no fue capaz de prever la gran inmigración que llegaría a España. Pero Zubiri subraya que la lista de errores es inacabable. Y que se descartaron todas las variables que podrían tener un efecto positivo, como mejoras en la tasa de actividad, particularmente femenina, que es muy inferior a la europea.

Economistas críticos creen que el objetivo era apoyar planes privados

"Este tipo de modelos están muy teledirigidos; dependen de variables subjetivas que pueden dar resultados muy distintos con leves retoques indemostrables. Es fácil conseguir los resultados que uno quiere", explica Zubiri. Y añade: "No sé si hubo mala fe, pero los errores fueron enormes".

Planes privados

Zubiri se adscribe a la tradición económica clásica. Pero otros economistas vinculados a la corriente crítica no tienen duda de que los errores no eran casuales : "El objetivo era estimular los sistemas privados de pensiones y han tenido éxito porque con tanto miedo mucha gente les creyó y el Estado se vio obligado además a ofrecer cuantiosas desgravaciones", opina Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y coautora de Qué pensiones, qué futuro (Icaria).

Su colega José Iglesias Ferández, economista formado en Oxford y Londres, apunta la hipótesis de que las entidades financieras "promovieron el pánico" deliberadamente para "quedarse con un suculento negocio". Para lograrlo, añade, se sirvieron de los prestigiosos académicos.

La autocrítica ha sido mínima y nadie se ha dado por enterado. El Círculo de Empresarios ha seguido realizando periódicamente informes el último, en 2009 con premisas idénticas. En 2001, cuando según sus pronósticos el sistema hubiera tenido que saltar ya por los aires y en cambio estaba en superávit, el Círculo actualizó el estudio de Piñera. En la presentación, el nuevo informe ventiló los errores así: "Las variaciones en las previsiones a corto plazo no desmienten en absoluto las conclusiones de los modelos económicos aplicados, sino más bien todo lo contrario".

"Lo peor de todo es que no se ha aprendido nada", lamenta Zubiri. Las predicciones a muy largo plazo aún tienen una salud magnífica.

lunes, 15 de febrero de 2010

Paganos


Me ha llegado hoy este enlace a este artículo publicado en el 'Diario de Mallorca' por José Carlos Llop. Su título ya delata cual es el deporte favorito de este país, tanto en tiempos de crisis como en tiempos de bonanzas. Acérquense a la caseta del tiro que la diversión ya ha comenzado.

Tiro al funcionario

No sé qué banco, ni quiero saberlo, ha propuesto que el gobierno baje el sueldo de los funcionarios hasta el índice que tenían en el año 2001. Me parece estupendo. Es más: considero que el banco en cuestión se ha quedado corto. Que ha sido demasiado generoso, vamos. Yo, de paso, les aumentaría las horas de trabajo –creo que doce al día es un buen número– y suprimiría las pagas extraordinarias. Total no van a tener tiempo para gastarlas. Porque de las vacaciones pagadas hay que empezar a despedirse. Rapidito. Es necesario regresar a la época en que no había vacaciones anuales, no sé en qué estarían pensando esos banqueros. Esto, para empezar. Porque después convendría ir tomando otras medidas. Por ejemplo uniformarlos. Si les ponemos un bonito traje a rayas, los tendremos controlados a todas horas. Y si se les ocurre salir a la calle en horario de trabajo, los corremos a gorrazos y los devolvemos a su mesa. Si en el empeño se le va a alguien la mano y hay una nariz rota, pérdida de un ojo, incluso, que sé yo, un muerto, tampoco hay que escandalizarse: sólo son funcionarios. Y todo esto –piénsenlo bien– aliviaría mucho las tensiones que produce la crisis económica. El funcionario es un servidor público y como tal ha de servir para algo. De putching-ball no está mal: al menos, rinde. Pensándolo mejor: la crisis es de tal magnitud que habría que militarizarlos. A todos. De esta forma no podrían rechistar ante la aplicación de las medidas citadas. Arresto en la oficina y pérdida de sueldo de quince días sería la pena mínima. Luego habrá que ir pensando en traslados forzosos a Lanzarote o Hierro, por ejemplo, que hay muy buen clima, o sea que a no quejarse. No es una sugerencia, es una necesidad imprescindible. Hay que salir de la crisis y está claro que la única medida –la única, subrayo– que va a salvar la economía española es la reducción de los sueldos funcionariales y la movilidad a patadas del funcionario. Que esos sueldos lleven tiempo en la nevera –con un 0´3% de aumento este año– es lo de menos. Hay que bajar las temperaturas: retrotraerlos a la era glacial. En un par de años, todo arreglado.

Cosas parecidas se oyen por ahí. En tiempos de bonanza económica y gran negocio, el funcionario es un desgraciado, un inútil, un parásito que no sirve de nada y ha opositado aspirando a la seguridad de un sueldo fijo, el pobre diablo. No es emprendedor, ni osado, ni enriquece la sociedad que habita: ése es el pensamiento generalizado. Y quien no lo haya oído materializarse en palabras, lo ha visto en la mirada o en el gesto de más de uno. Que el tinglado se aguante gracias a los funcionarios –como se aguanta gracias al resto de la clase media– no importa a la hora de vituperarlos.

Pero en tiempo de crisis, el funcionario pasa a ser un listillo, un gorrón que no se merece lo que tiene. Da igual que mientras duró la bonanza se hiciera befa de su sueldo; ahora resulta que es un buen sueldo: es seguro y eso basta. Por tanto que se les congele ya. Qué digo se les congele: que se les sumerja en la Siberia de los años 30, a ver si aprenden de una vez quien es el que manda aquí. Nadie se pregunta si ya lo están –congelados, quiero decir– que por supuesto lo están; prácticamente y desde hace años. Y eso, lo de jibarizar las cuentas del funcionario, lo dice gente de todo tipo, pero donde más llama la atención es cuando lo dicen profesionales liberales, empresarios y algunos despachos –de banco o no–. O sea, los que siempre declaran a Hacienda todo, absolutamente todo, lo que ganan. Los que cargan gastos personales a su empresa. Los que nunca hacen trampas, ni urden artimañas para evitar al fisco y por eso las arcas del Estado van boyantes, con crisis o sin ella. En fin, mejor callar, ¿no? ¿O hablamos de las ayudas del Estado para tapar agujeros de esos bancos que ahora dan lecciones de cómo hay que tratar al funcionariado? ¿Hablamos de las declaraciones negativas de gente que gana un dineral? ¿Hablamos de beneficios anuales? ¿Hablamos del dinero que no tributa? Porque no es ése el que cobran los funcionarios, precisamente. Que, por cierto, también pagan impuestos y no tienen caja B o cómo se llame a eso ahora, ni cajas fuertes, ni más cajas que las de sus zapatos, en fin.

Nadie ha dicho nunca que la vida sea justa, porque no lo es. Debería serlo y ésa es una noble aspiración humana desde que el tiempo es tiempo. Pero... el funcionario lleva desde la primera Reforma Suárez perdiendo capacidad de gestión y de veto –de observación de la ley– en la Administración, y viendo medrar al nuevo funcionario con carnet de partido. El funcionario lleva años oyendo hablar de la corrupción de los funcionarios públicos para referirse a políticos que jamás han sido funcionarios de carrera. El funcionario tiene que oír de vez en cuando la cantinela de "lo consulté con los técnicos del departamento", cuando nadie consultó nada con esos técnicos. O sea que un desaire más –por decirlo finamente– no es que importe mucho. Que se les congele el sueldo si eso ayuda a combatir la crisis –que no creo–, pero que nadie se ponga medallas a costa de la nómina funcionarial y su vuelta forzosa a los tiempos del cuplé. Sobre todo los que no sólo no hicieron nada para impedir esa crisis, sino que contribuyeron –en la medida que fuera– a provocarla. Aunque ahora se hinchen la boca con sus magníficas –y tan originales– soluciones.


martes, 9 de febrero de 2010

Fórum Filatélico y Afinsa: la Justicia no es ciega


El pasado viernes 5 de Febrero, se publicaba la primera sentencia de la Audiencia Nacional relativa a los procedimientos contenciosos administrativos interpuertos por los afectados por Afinsa y Fórum Filatélico. La sentencia desestima la pretensiones de estos y da la razón al Estado.

Todavía quedan demandas por sentenciar pero ya la Sala deja claro cual va a ser su criterio, salvo sorpresa morrocotuda. Para más información sobre la sentencia y sobre la intervención de Fórum y Afinsa puede acceder a la web de la AAFF.

Traemos aquí la reacción a la sentencia de un prestigioso abogado mercantil y profesor universitario, Fernando Zunzunegui. Qué además de este artículo, ha publicado otros sobre el asunto en su bitácora 'Revista de Derecho del Mercado Financiero (RDMF)'.



Responsabilidad patrimonial de los supervisores financieros en el caso Fórum y Afinsa

En primer lugar debemos felicitar al ponente D. Diego Córdoba, por su claridad y buen orden en la redacción de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 5 de febrero de 2010, por la que se rechaza la reclamación de responsabilidad patrimonial de la CNMV, del Banco de España y otras administraciones públicas en relación con la omisión de control sobre Fórum Filatélico y Afinsa. También debemos reconocer su esfuerzo en justificar lo injustificable, que la captación de ahorro del público durante años por parte de Fórum Filatélico y Afinsa, para su inversión en sellos con un compromiso de liquidez, no es una actividad financiera. Lo cual le lleva a excluir la responsabilidad patrimonial de los supervisores financieros por omisión de su deber de identificar y obligar al cese inmediato actividades de quienes sin estar habilitados ejercitan actividades financieras.


Para la sentencia los clientes de Fórum y Afinsa operaban conociendo que contrataban con empresas que sin estar habilitadas captaban ahorro del público. Según esta argumentación, los clientes, de común acuerdo con Fórum y Afinsa, en fraude de ley, utilizaban contratos de compraventa de sellos con pacto de recompra, para disimular una operación financiera. Para concluir que de dar amparo a las pretensiones indemnizatorias de los clientes de Fórum y Afinsa, podríamos encontrarnos “con la paradójica situación de que una de las partes que ha intervenido en la operación de simulación, trataría de hacer valer la situación jurídica disimulada e ilegal, frente a un tercero –la Administración Pública- para reprocharle, precisamente, que no ejercitó las facultades que legalmente le correspondían para impedir una actividad en la que ella misma ha sido directa partícipe, que está en la raíz del daño sufrido y que quiere convertir en lesión resarcible.”

Este argumento ya fue utilizado en el caso Gescartera en el que, según la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2009, el cliente “concertó de forma voluntaria con Gescartera operaciones de depósito remunerado (imposición a plazo fijo según su propia expresión), que esta no estaba habilitada para efectuar por su propia condición de sociedad gestora de carteras, condición plenamente conocida por la entidad inversora que, no obstante la naturaleza de la operación concertada, suscribe un contrato formalizado de gestión de cartera, de manera que asume no solo los riesgos del contrato sino los que derivan de concertar la operación con una entidad no habilitada al efecto. En estas circunstancias, no puede trasladar a la actuación de la CNMV la responsabilidad por el resultado negativo de la gestión encargada, alegando que si la Administración, apreciando la realización de tales operaciones por la entidad de inversión, hubiera revocado convenientemente su autorización para operar en el mercado de valores, habría evitado el perjuicio al no poder contratar con Gescartera por cese de actividad, pues la falta de habilitación de Gescartera para la concertación de las operaciones de depósito en cuestión existía desde el principio, lo que no impidió que la entidad recurrente, conociendo su naturaleza, acudiera a la misma, voluntariamente, para concertar tal operación propia de las entidades de crédito y no de la entidad a la que acudía, por lo que no puede ampararse en la confianza en la actividad de control de la CNMV, que intervino la entidad gestora cuando comprobó la gravedad de su situación financiera y la ineficacia de las medidas alternativas que se venían adoptando.”

La clave del planteamiento del Tribunal Supremo reside en considerar que el cliente de Gescartera conocía que operaba con una entidad sin licencia y que voluntariamente, siendo conocedor de esta circunstancia, le entregó sus ahorros. Según esta ficción los clientes de Gescartera querían voluntariamente operar con una agencia de valores que se apropiaba de su dinero como si fuera un banco. Esta argumentación no se soporta. No es razonable. ¿Qué cliente de Gescartera le habría entregado sus ahorros siendo conocedor de que no iban a ser destinados a inversiones sino que iban a ser objeto de una apropiación indebida? Además, la postura del Tribunal Supremo presupone que los clientes de los intermediarios financieros son expertos en regulación financiera y saben calificar las operaciones por su naturaleza jurídica, con carácter previo a su dictamen sobre la correspondiente habilitación administrativa. Y que una vez hecho el anterior ejercicio intelectual son capaces de orquestar un fraude de ley para disimular una operación financiera.

Calificar una operación como financiera o no financiera y si es objeto o no de reserva legal es una actividad que exige un alto grado de cualificación, fuera del alcance del ahorrador medio.

Ahora en Fórum y Afinsa, la sentencia de la Audiencia Nacional vuelve a utilizar esta misma argumentación. En este sentido, considera que los clientes de estas empresas eran conocedores de que operaban sin la necesaria licencia financiera, y que simularon con Fórum y Afinsa la realización de compraventas de sellos, para ocultar que en realidad se trataba de operaciones financieras.

Los clientes Fórum y Afinsa eran inversores minoristas, desconocedores de las complejidades del mercado financiero. Sus ahorros eran captados por empresas con establecimientos abiertos al público que les prometían una remuneración a plazo. Sus decisiones de inversión fueron fruto de la oferta de la empresa y de la notoriedad con que actuaba. Decida la inversión se limitaron a firmar unos contratos de adhesión, con determinadas condiciones generales. La cultura de ¿dónde hay que firmar?, que decía Garrigues.

En la sentencia, se da la vuelta a la realidad para convertir a pequeños inversores en expertos conocedores del mercado y de la regulación financiera. ¿Cómo puede mantenerse que los clientes de Fórum y Afinsa actuaban de forma concertada con Fórum y Afinsa para disimular la verdadera naturaleza de los contratos? ¿Cómo puede decirse que voluntariamente se querían colocar fuera de la ley, al contratar con operadores no habilitados?

Se trata de justificar que durante años Fórum y Afinsa captaron ahorro del público para su inversión en sellos con compromiso de liquidez, ante la pasividad de los supervisores financieros en el ejercicio de sus potestades. La CNMV y el Banco de España si que tienen la experiencia y el conocimiento necesarios para distinguir entre una operación comercial y una financiera. Disponen además de asesorías jurídicas capaces de determinar la verdadera naturaleza de los contratos, por mucho que los asesores legales de Fórum y Afinsa los hubieran enmascarado.

Es cierto que como recuerda la sentencia “no puede exigirse a la Administración en el ejercicio de sus facultades de supervisión e inspección una garantía absoluta del adecuado funcionamiento del sistema y que la mera apelación al ejercicio de las referidas facultades no puede constituir título suficiente para la imputación de responsabilidad patrimonial”. Pero no es menos cierto que los supervisores financieros deben responder del daño que ocasionan en la omisión en el ejercicio de sus potestades. De haber actuado habrían obligado al cese de la actividad de Fórum y Afinsa, que captaban ahorro para su inversión sin estar habilitadas.

La sentencia se acoge a la letra de la Ley para considerar que Fórum y Afinsa no captaban ahorro del público. Desconoce el carácter funcional de la regulación financiera, que debe interpretarse conforme a su finalidad, que no es otra que la protección del ahorrador como mejor forma de garantizar la existencia de un mercado eficiente.

La exigencia de responsabilidad de los supervisores financieros y su reconocimiento en casos, como el de Fórum y Afinsa, en que el mal funcionamiento causa daños a los ahorradores, es el mejor mecanismo para mejorar la prestación de este servicio público. La responsabilidad patrimonial funciona como control de calidad de los supervisores financieros. A la larga les fortalece. Excluir a los supervisores financieros de los principios y reglas generales es un flaco favor, que desconcierta a los ahorradores y crea desconfianza hacia el conjunto del sistema financiero.

miércoles, 3 de febrero de 2010

Verdades como puños


Magín Revillo, periodista y víctima del ERE de RTVE, las dice en esta entrada de su blog: RevilloBlog. Gracias, Magín, por tanto años de buena radio y por seguir diciendo verdades como puños.

Jubilados

Cuatro años atrás, el gobierno que ahora se mesa los cabellos por retrasar la edad de jubilación prefería mandar a casa a los trabajadores que pasaban de los cincuenta. La idea de aligerar empresas públicas para maquillar resultados y soñar con el borrón y cuenta nueva fue práctica cotidiana en la España desarrolista. Los últimos gobiernos de la democracia han hecho los deberes sin preocuparse en exceso por los números rojos. Había caja y se podía tirar de la caja. Ahora, pagamos las conscuencias. No es oro todo lo que reluce, pero lo hemos descubierto demasiado tarde. No importa lo que diga ni el presidente del gobierno ni el jefe de la oposición. La realidad se palpa en la calle y en ese tejido supuestamente empresarial que en nuestro país brilla por su ausencia. Salvo cemento, pocas ideas y muy pocas multinacionales con vitola de casa que nos puedan ayudar a capear el temporal. A estas horas, la solución pasa por hacer lo contrario de lo que habíamos hecho en antaño. A falta de pan, sudores y lágrimas. Jubilaciones con menos dinerito y más trabajo con menos salario. A la fuerza, ahorcan. Nos hemos ganado a pulso la que se nos viene encima. Hemos sido más cigarras que hormigas. Ahora, hay que dar una vuelta de timón en un mar que no controlamos. Si queremo bajar nuestros precios para ser competitivos nos llaman aguafiestas. El euro es una autopista cuando mas necesitamos bajar la velocidad. El modelo es lo que se nos ha caido a trozos. Menos mal que somos europos y estamos en el mundo, pero -por desgracia- con ganas de seguir siendo diferetes. Y la diferencias, al final se pagan. Empezar ahora por añadir años a la edad laboral es un remedio que da risa. A mí, que me lo digan. Me mandaron a casa con cincuenta y dos y ahora rezo por volver a la empresa que me hizo el regalo cuando cumpla sesesenta y cinco. Esta mañana, cuando estaba reunido el consejo de ministros, daba saltos de alegría. Si su proyecto acaba siendo ley, me veo regresando a la radio con 65 para trabajar año y dos meses. ¿Podré volver a ser un corresponsal, un currito en la redacción central o me ofrecerán otro ERE tentador? Bueno, tiempo al tiempo. Hay que saber esperar para conocer qué deciden o si como hasta ahora, mañana todo es diferente. Lo más grave, lo más triste, es que antes de los diez años que nos quedan por delante se atrevan a cerrar una empresa que hoy siguen diciendo es una empresa de todos.